Última: que encabeza la plataforma “Stop Ley Wert”, pues cree intolerable que se imponga la “segregación escolar” y la religión sea una asignatura, y “conste que soy creyente”; y porque debemos dejar de preocuparnos de que los niños no sepan inglés o matemáticas, y de los informes Pisa, que son informes de una institución económica y no tienen nada que ver con la pedagogía.

Penúltima: que grabó  una alocución para llamar a manifestarse en favor de los presos de ETA, porque no merecen estar tan lejos de casa ni tampoco en la cárcel, si vamos al fondo de la cuestión que plantea el que fuera nuestro hombre en la Unesco.

Antecedentes:  que fue elegido rector de la Universidad de Granada (bajo la dictadura) tras denunciar a sus rivales por comunistas.  Este perfil del sujeto escribía el sábado en ABC, Ramón Pérez Maura:

“Un catedrático que funge como consejero -del máximo peso- en el grupo editorial desde el que Mayor pontifica habitualmente, cuenta cómo el ministro Villar Palasí quiso hacer un gesto aperturista permitiendo al claustro de Granada votar su rector y comprometiéndose a designar al más votado. Mayor quedó el tercero. Pero acompañado por su padre -Federico Mayor Domingo, titular de una concesión de Franco para fabricar antibióticos- vino a Madrid a ver al ministro y denunciar a los dos primeros por comunistas. Fue designado él y posteriormente fue nombrado procurador en las cortes franquistas. Llevado por su entusiasmo falangista, Cruz Martínez Esteruelas lo designó subsecretario de Educación. Desde ese cargo Mayor cerró durante un año -curso 1974-75- la Universidad de Valladolid en la que el rector había sido alcanzado por el huevo arrojado por un manifestante. Era tan exaltado su falangismo que cuando el 12 de diciembre de 1975 fue nombrado ministro de Educación y Ciencia Carlos Robles Piquer, estimó oportuno relevar a Mayor Zaragoza para probar la voluntad de democratizar la Administración.”

(Las cursivas son mías)

Bajo el título “Empecemos por la claridad“, un artículo, hoy, de Patxi López consigna unas cuantas ideas de interés para hacer frente a la estrategia nacionalista en Cataluña.

Por ejemplo:

“Hay una primera medida de inexcusable aplicación: la claridad. El nacionalismo es maestro en presentar sus particulares aspiraciones como si se trataran de derechos indiscutibles y en hinchar su representación social hasta convertirse en el intérprete único del “pueblo”. Pues bien, tenemos que exigir que CiU diga claramente a los ciudadanos de Cataluña que lo que de verdad pretende es la independencia; que la consulta comprometida no supone un ejercicio del benéfico derecho a decidir, sino un paso decisivo para la secesión de España. Si el nacionalismo ha decidido mostrar sin ambages sus intenciones, habrá que reclamarle que hable claro; y, también, tendremos que dirigirnos a él de la misma forma. Porque antes que el gaseoso derecho a decidir está el muy concreto derecho de la ciudadanía concernida a saber qué es lo que se pretende que decida y a conocer con detalle las consecuencias que va a tener para ella la decisión que se propone. Cómo, por ejemplo, se repartiría el coste de las grandes infraestructuras realizadas en el ámbito de Cataluña, la deuda pública contraída o el fondo de las pensiones. Y también, y no es una cuestión menor, cómo se garantizaría el derecho a la libre identidad de miles y miles de catalanes que no quieren renunciar a su opción identitaria.”

(Las cursivas son mías. Es curioso, y lamentable,  que las cuestiones prácticas sobre las consecuencias de una secesión se planteen con toda naturalidad en Gran Bretaña -en relación a la demanda de independencia del nacionalismo escocés- y aquí, en cambio, apenas se hayan sometido a discusión).

Escribe tambén López:

“Lo más preocupante de la crecida nacionalista en Cataluña no es, en mi opinión, el aumento del deseo de independencia, sino la banalización por gran parte de la ciudadanía del riesgo de separarse de España.”

Justamente. Y cuanto menos se visualicen las consecuencias reales (por ejemplo, la salida de la UE), más se banalizará el riesgo de separarse. 

Muy de acuerdo con López en esto: “Sin dejar de reclamar respeto a la legalidad, es en el terreno de la política desde donde debemos dar respuesta al desafío secesionista”.

Ya lo habíamos dicho por aquí, no es por nada.  No basta responder con la ley en la mano y el estribillo de “ahora no es el momento” o “todos deberíamos centrarnos en resolver la crisis”. Es posible que el Gobierno deba de mantener un perfil político bajo en este asunto. Pero el PP puede hacer algo más. Aunque igual resulta que el único partido donde surgen ideas al respecto es  el PSOE.

Aunque es muy posible que algunos crean que ayer se inauguró simplemente un tramo del AVE que sólo aprovecha a los residentes en Cataluña, (y además, a unos pocos, porque cuántos querrían viajar de Barcelona a Figueras, por muy atractiva que sea esa localidad, que lo era, desde luego,  cuando la visité hace mucho tiempo), lo cierto es que hemos inaugurado algo más que una conexión entre una ciudad y un pueblo.

Hemos abierto la posibilidad de viajar en alta velocidad desde diversas localidades españolas hasta la capital de nuestra vecina Francia. Allí donde haya AVE,  desde Madrid o desde Zaragoza, desde Sevilla o desde Ciudad Real, desde Tarragona o desde Málaga,  se podrá uno hacer el trayecto a París casi, casi,  de una tacada.   

Esta conexión España-Francia a través de alta velocidad me parece digna de celebrarse y digna, por supuesto, de que  fueran a la inauguración  representantes del Gobierno y del Estado.

Sólo un pero, pero importante tengo a esto: he buscado billetes Madrid-Figueras en la web de Renfe, porque yo también quiero ir a París,  y ¡no salen!

¿Hacemos el AVE y no somos capaces de hacer una página web?

El  ministro de Defensa dijo, ayer, entre otras, estas palabras, según transcribe la prensa: 

“Los militares están preparados, mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender a absurdas provocaciones, y cumplen calladamente con su deber.”

En el texto distribuido por el ministerio de Defensa, se omite  “absurdas”: igual fue un añadido del propio ministro, para darle énfasis a las “provocaciones”. Pero si son provocaciones absurdas, ¿qué sentido tiene elevarlas a la categoría de tema en un discurso institucional?

En una entrevista con el diario ABC, que se realizó antes de que pronunciara el discurso de la Pascua Militar, el ministro afirmó lo siguiente:

“Me da mucha pena que se utilice a las Fuerzas Armadas con una intención política, flaco favor se les hace así. Las Fuerzas Armadas son conocedoras de su misión, el Gobierno es conocedor de su misión y, por lo tanto, aquí todo el mundo está a lo que tiene que estar. Cualquier utilización o extrapolación de alguna opinión sesgada particular de algún miembro o exmiembro de las Fuerzas Armadas sobre este asunto de ninguna manera refleja el sentir de las Fuerzas Armadas como institución. Pido responsabilidad para no llevar a las Fuerzas Armadas al debate político diario, porque es un error extraordinario. Además de hacerles daño, se le estaría faltando al respeto a una institución que, en los ya largos últimos años, ha demostrado una convicción democrática y de Estado de Derecho fuera de toda duda.”

Bien. El señor Morenés, con esa referencia a unas “provocaciones” que no especificó y que hay que interpretar desde el sobreentendido, hizo justamente lo que deploraba: llevar a las Fuerzas Armadas al “debate político diario”.

Tal como escribe el académico Santiago Muñoz Machado en su imprescindible  “Informe sobre España”, la relación de los españoles con sus constituciones, desde 1812 hasta hoy mismo, ha sido tan visceral y ciclotímica como lo es la idiosincrasia  propia del país. Aquí, es sabido, siempre ha gozado de mayor predicamento la tabula rasa, el empezar de cero y el puñetazo en la mesa de los exaltados que la prudencia reformista de los más sensatos. Lo en verdad castizo entre nosotros ha sido – y continúa siendo – el trágala. De ahí la inveterada afición del paisanaje local a los órdagos temerarios, el engallamiento chulesco, la confrontación visceral y el instante revolucionario. El español, qué le vamos a hacer, ya desde muy antiguo ha sido partidario de situarse justo al borde del precipicio para luego fantasear con la idea de dar un paso al frente. Un deporte de riesgo en el que el catalán, acaso para confirmarse tan celtíbero como el que más, acostumbra a destacar por derecho propio. A qué extrañarse, pues, de la vida efímera de cuantos textos constitucionales  fueron aprobados en las Cortes. Las leyes fundamentales en esta península acostumbran a durar menos que los caramelos en las puertas de los colegios. Salvo el periodo de la Restauración y el paréntesis franquista, la historia de España a lo largo de los dos últimos siglos  no deja de exhibir una permanente concatenación de procesos constituyentes. Es tradición demencial que conviene recordar en descargo de los que hoy se muestran refractarios a abrir el melón del Título VIII, ese “desastre sin paliativos” en palabras del mismo Muñoz Machado. No obstante, la obstinada reticencia a tocar el núcleo duro de la Carta Magna pudiera llegar a ser algo tan frívolo e irresponsable como el cerril hábito iconoclasta que pretende exorcizar. Y es que con el Título VIII pasa aquello que se de decía de Juan March y la República: o la Constitución acaba con él o él acabará con la Constitución.