Cómo valorar el programa económico de Podemos (y 3)

 

Cómo valorar el programa económico de Podemos (y 3)

Rubén Osuna*

Expulsar la actividad privada del ámbito público, es decir, la gestión pública directa de todos los servicios o bienes públicos, la tercera línea de acción, es una opción entre otras muchas. Para la sanidad pública, por ejemplo, el Estado puede garantizar el acceso a un servicio universal, sin que ello implique necesariamente que el propio Estado se encargue de gestionar el servicio (así ocurre en España, Italia o el Reino Unido, pero no en Holanda, Francia o Alemania). La ventaja de una provisión pública del servicio es que el coste suele ser inferior, a cambio de cierta austeridad en la prestación. Podemos propone generalizar la provisión estatal para todos los servicios públicos (sanidad, pero también transportes, educación, etcétera) y aplicarlo sin excepciones, además de blindarlo mediante el requisito de referéndum para cualquier privatización futura (de nuevo aquí la idea de la democracia directa, no corruptible, como freno a la voracidad del mercado).

El ejemplo más polémico que podemos encontrar en el programa es quizás el que se refiere a la enseñanza privada concertada, donde hay una tradición asentada de prestación de un servicio público a través de centros privados. La propuesta de acabar con este modelo es desde luego legítima, pero su justificación última está en aquellos dos axiomas que ordenan internamente todo el programa y no en alguna ventaja material.

La cuarta línea, que tiene como objetivo profundizar en la redistribución de la renta, pasa, como no podía ser menos, por insistir en la gratuidad del acceso a los servicios públicos y en impuestos más progresivos. Las dos propuestas más chocantes son la jubilación anticipada a los 60 años y la garantía de una renta básica, pero ambas cosas se podrían interpretar de forma que resultaran razonables. Con el debido rigor se ha argumentado a favor de la posibilidad de jubilaciones a los 60 años -tras la reforma de 2011/13 la edad mínima son 63- para aquellas personas con problemas de salud o baja productividad, a cambio de una pensión algo más baja.

La lógica es esta: si has cotizado un número suficiente de años para tener alguna pensión, y poco antes de los 63 estás en paro -es decir, sin posibilidad de encontrar un empleo- o con problemas de salud, lo más probable es que aceptaras una quita en tu pensión a cambio de poder jubilarte ya, y no tener que esperar más. Esto se puede diseñar de forma que no suponga una carga financiera extra para la Seguridad Social, y aumentaría el bienestar de las personas que eligieran esta modalidad.

La renta básica suena a brindis al sol, pero no es más que un término de moda que puede esconder propuestas muy diversas. La confusión ha llegado tan lejos que incluso el PP de Andalucía se ha apuntado recientemente a la moda. La idea general es sustituir el complejo sistema de impuestos con exenciones combinado con múltiples subsidios y prestaciones por uno más simple basado en una renta mínima garantizada que generaría un derecho a una transferencia del estado si los ingresos declarados son inferiores, y el pago de impuestos si son superiores.

Dentro de ese esquema podemos ir desde la propuesta de Milton Friedman para reemplazar todo el estado del bienestar por esa renta básica, hasta las más adanistas de considerarla un subsidio universal e incondicional. En el programa de Podemos puede leerse (p. 8) que la renta básica es un derecho universal pero no incondicional, pues sustituiría otras prestaciones de menor cuantía (desempleo, subsidios no contributivos, etc.). La cantidad estaría ligada al umbral de la pobreza, y su coste se financiaría con un IRPF más progresivo. Nada especialmente revolucionario. Otra cosa es hacer que los números cuadren.

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Todo el programa de Podemos debería resultar familiar, a grandes rasgos, para cualquier militante o simpatizante de izquierdas. Las propuestas más radicales dependerían de profundas reformas del marco legal e institucional, por lo que podemos considerarlas meras declaraciones de intenciones. Cuando tratamos de montar el puzzle de propuestas concretas descubrimos que hay piezas -como las nacionalizaciones o el impulso keynesiano a la actividad- que no encajan, y otras que requieren apretar mucho, pero no hay casi nada subversivo.

No obstante el conjunto recuerda mucho al programa con el que Mitterrand ganó las elecciones en 1981 (las 110 Propuestas para Francia), y que se demostró, ya en su día, en el contexto europeo, inaplicable. Además, en el programa de Podemos, y en el discurso de Pablo Iglesias, permea demasiado la experiencia latinoamericana (la deuda externa freno al desarrollo, el conflicto norte-sur, las democracias representativas fallidas), que no se puede traspasar sin más a España y a la Europa de la Unión Monetaria.

Resulta difícil reordenar sin desvirtuar el programa de Podemos porque en el fondo este se limita a señalar unos enemigos -las multinacionales, los oligopolios de la comunicación, los bancos, los representantes políticos- y a recoger ocurrencias contra ellos. Hasta ahora, lo que ha vendido Pablo Iglesias desde las tribunas televisivas -y es un vendedor muy hábil- es empatía con la indignación de los damnificados por la crisis -los parados y los estudiantes sin futuro, los trabajadores más vulnerables- y un cauce para sus deseos de revancha. Podemos tendrá que pasar de esto a algo más constructivo, desde sus propias preferencias políticas, legítimas, pero a la luz de la experiencia histórica europea, si es que quieren -no está claro que lo necesiten de momento- ofrecer esperanza en vez de utopías y ajustes de cuentas.

 *Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la UNED. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm

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Cómo valorar el programa económico de Podemos (2)

 

Cómo valorar el programa económico de Podemos (2)

Rubén Osuna *

Dentro de la línea de mayor proactividad estatal se pueden citar medidas como el programa de inversiones públicas (p. 2); más un programa de expansión monetaria (p. 3), que requiere un sometimiento del BCE a las autoridades políticas, y por tanto un cambio estatutario.

La segunda línea, sobre mayor control de los mercados, se concreta en medidas como la regulación en los salarios (p. 2), una mejor regulación de los contratos de préstamo (p. 3) y especialmente los hipotecarios (ps. 18 y 19), la separación de la banca de inversión y la banca comercial (p. 3), la regulación de la dirección de las entidades bancarias (para democratizarla, p. 4) y de todas las empresas en general (una suerte de cogestión, p. 6), la creación de una banca pública (p. 4), la nacionalización de sectores estratégicos (telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, p. 5, o las grandes fincas, p. 33) y la creación de impuestos sobre los movimientos de capitales (p. 23).

La tercera línea proponía la gestión pública de todo lo público, e incluiría cosas como exigir el cumplimiento de cláusulas sociales a las empresas que acceden a contratos públicos (p. 2), la exigencia de someter a referéndum cualquier privatización (p. 5), la derogación de las privatizaciones en servicios públicos esenciales (ps. 14-15), el fin de la enseñanza privada concertada (p. 17) o la garantía de la gestión y propiedad pública de los recursos hídricos (p. 32).

La cuarta y última línea, centrada en la redistribución de renta entre ciudadanos, recogería propuestas como reducir la edad de jubilación a los 60 años y aumentar las pensiones no contributivas (p. 2), incrementar la carga fiscal sobre las rentas del ahorro y las grandes fortunas (p. 4), establecer una renta básica (p. 8), incrementar la progresividad de los impuestos (p. 14) y la creación de otros nuevos (sobre segundas viviendas infrautilizadas, por ejemplo, p. 19) o excluir los copagos para acceder a servicios (como la sanidad, p. 16).

Muchas de estas propuestas plantean serios problemas jurídicos e institucionales, pero lo que puedo aportar es alguna reflexión crítica sobre los aspectos puramente económicos: si se pueden llevar a cabo o no y si sus efectos serían los pretendidos.

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Las propuestas de la primera línea implican un abrazo al keynesianismo clásico, que tiene dos problemas sustanciales en el contexto actual: cuesta dinero y no tendría los efectos esperados. Cuesta dinero porque lo único que estaría bajo el control de un gobierno de Podemos es la política fiscal, no la monetaria. Incluso si el Banco Central Europeo pudiera comprar directamente deuda pública española, como proponen (p. 3), los actuales niveles de endeudamiento y la posibilidad de que buena parte del impulso inducido en la demanda se perdiera en importaciones, hacen que aceptar un mayor déficit público y deuda para esto no tenga ningún sentido. Otra cosa es financiar el impulso keynesiano con impuestos, pero en ese caso una mano gasta lo que le da la otra, y de nuevo tendríamos el filtraje hacia las importaciones de parte del impulso, por lo que el efecto final esperable, aunque fuera positivo a corto plazo, sería muy pequeño. No saldremos de la crisis así.

El problema último de la economía española es de productividad. Vamos a tratar de explicarlo un poco. Los precios pueden expresarse como el coste laboral por unidad de producto más un margen. El coste laboral unitario es el salario por la cantidad de trabajo que requiere una unidad de producto, es decir, por la inversa de la productividad del trabajo. Si quieres reducir los precios de los bienes y servicios que producimos tienes que reducir los márgenes, o reducir los salarios, o aumentar la productividad[1]. No hay otra. Reducir los salarios implica poder reducir los precios, y esto permite conseguir más demanda para nuestros productos, pero sobre todo externa, porque la interna depende precisamente de esos salarios que las familias gastan en bienes de consumo y que se han reducido. Es mucho mejor aumentar la productividad, pues ganas demanda externa sin sacrificar la interna.

Hay algo mucho mejor todavía: tener ganancias de productividad y no tener que bajar los precios (lo que permitiría mayores salarios y márgenes). Eso podría darse con los bienes cuya demanda no es demasiado sensible a los precios, como es el caso de productos industriales que se compran por la tecnología que llevan incorporada o por la calidad de su manufactura, y no tanto por el precio. España debe por tanto producir otras cosas, y debe ser más productiva en todo lo que hace. La deflación salarial es el peor camino hacia la caída de los precios, pero también el más fácil. La productividad depende de muchos factores interconectados y no hay una sola variable que podamos manipular fácilmente para conseguir que aumente. En general, hay que organizarse mucho mejor, a todos los niveles. Por tanto, aunque Podemos critica -implícitamente- la receta liberal clásica para salir de una crisis -austeridad, deflación, tiempo-, y la tan celebrada caída de salarios, y muchos podamos estar de acuerdo con ello, la alternativa práctica en el mundo de hoy, y en la Unión Monetaria, no es tampoco el keynesianismo clásico, que tuvo sentido en su momento, con economías mucho más cerradas

La segunda línea de acción, que propone un mayor y mejor control del funcionamiento de los mercados, puede defenderse racionalmente. En efecto, los mercados siempre funcionan en un marco institucional. Siempre están regulados. El problema es cuánto regular, y cómo. En España los márgenes empresariales han subido durante la crisis, lo que explica que la caída de salarios no se haya visto reflejada en los precios. Ese comportamiento anómalo de los márgenes se debe a la escasa competencia en los mercados, que se puede deber a nuestra especialización productiva (una economía de servicios) y a una deficiente regulación de los mismos. Otro ejemplo: a la luz de la experiencia, muchos comparten hoy la idea de que una desregulación excesiva -o una regulación deficiente- de determinados mercados, sobre todo los financieros, acaba siempre en tragedia. Entre esos muchos estaría, curiosamente, el propio Adam Smith, que no se engañaba sobre el particular.

El establecimiento de salarios máximos puede ser más cuestionable que un incremento de los salarios mínimos. Entre otras cosas, entra en contradicción con la idea de que los rendimientos del ahorro son la fuente principal de las grandes rentas y con la fuerte progresividad tributaria que propone Podemos en diversas partes de su programa. La cogestión, la banca pública o los impuestos sobre los movimientos de capitales son cosas que ya existen en Europa (la tasa Tobin se aplicará a partir de 2016). Más extravagante resulta la idea de nacionalizar parcialmente sectores enteros de la economía. Primero, por el coste de la expropiación o “adquisición pública”, seguramente inasumible; y después por la contradicción -una vez más- con las propuestas de mayor regulación de esos mismos sectores que se encuentran en diversas partes del programa de Podemos.

Continuará.

*Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la UNED. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm


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Cómo valorar el programa económico de Podemos (1)

Cómo valorar el programa económico de Podemos

Rubén Osuna*

 

El programa económico de Podemos ha despertado poco interés por parte de los medios de comunicación que, como mucho, han extraído una o dos frases de las treinta y seis páginas del documento para alimentar algún espectáculo televisivo.

El programa de Podemos se ha elaborado recogiendo propuestas a través de internet, que a su vez se sometían a enmiendas en asambleas de los llamados Círculos para después pasar por un referéndum de aprobación otra vez a través de internet. Supongo que tras ese proceso hubo una tarea de edición, que se ha concretado en la agrupación de las propuestas en seis capítulos presidido cada uno por un término clave: economía, libertad, igualdad, fraternidad, soberanía y tierra. Encontramos propuestas de contenido económico en cualquiera de los capítulos, y al revés. El programa no va acompañado de una descripción de la situación y un diagnóstico o algún análisis de los que se deriven las propuestas. Se trata simplemente de la agregación, de abajo hacia arriba, ordenada a posteriori, de una mezcla de principios, criterios de actuación o incluso medidas muy concretas, con expresiones ambiguas o directamente ininteligibles. Todo un buzón lleno de cartas a los Reyes Magos. Los niños, ya se sabe, junto a cosas razonables, piden otras como una reforma ecológica de la Contabilidad Nacional (p. 32), lograr la soberanía alimentaria (p. 33), erradicar la obsolescencia programada (p. 35), evitar la profesionalización de la política (p. 30) o establecer mecanismos para revisar el cumplimiento de los programas electorales (p. 30), es decir, que Sus Majestades no se hagan los despistados y traigan lo que se les pide.

En lo que sigue, trataré de reordenar el texto de Podemos, reagrupando las propuestas de contenido económico de forma más coherente, y comentando las más polémicas. Se trata en todo caso de una construcción mía, pero utilizando el material del programa.

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El programa económico de Podemos se construye a partir de dos axiomas, siempre presentes de forma implícita: 1, el capitalismo de libre mercado corrompe la democracia representativa comprando a los representantes políticos -la casta- para que se pongan al servicio de sus intereses y abandonen la tutela del ciudadano; y 2, el capitalismo de libre mercado abusa de los ciudadanos, manipulando su educación y la información que les llega, explotándolos económicamente y conduciéndoles al desamparo ante todo tipo de injusticias y abusos y finalmente a la pobreza.

Del primer axioma se deduce que la democracia no puede asentarse en representantes políticos, fácilmente corruptibles, y que sólo la democracia directa o asamblearia es verdadera democracia. Véanse, entre otras muchas, las propuestas de impedir las “puertas giratorias” y de controlar los lobbies, p. 9; limitar el tamaño de las empresas de comunicación oligopolistas, p. 10; blindar los derechos sociales en la Constitución, p. 14; supeditar a referéndums vinculantes las decisiones macroeconómicas, p. 29; o someter a controles democráticos efectivos a los cargos electos, p. 30. Del segundo axioma se deduce que el poder político debe controlar el capitalismo de libre mercado para así proteger a los ciudadanos y conseguir que los intereses de estos prevalezcan sobre los de las empresas y los propietarios del capital.

De este segundo axioma surgirían a su vez varias líneas de acción que agrupan medidas más concretas. Esas líneas podrían ser: 1, contar con un Estado proactivo, que interviene y no delega en los mercados los ajustes necesarios para salir de la crisis; 2, regular el funcionamiento del mercado en función de los intereses de la ciudadanía, y nacionalizar parte del espacio actualmente en manos del mercado, especialmente aquellas partes consideradas “estratégicas”; 3, devolver el control público a todas las actividades propias de la esfera pública, expulsando de ella a la iniciativa privada, es decir, excluyendo la participación de aquellos que persiguen en última instancia su propio interés (la obtención de beneficios); y 4, promover una acción del Estado fuertemente redistributiva, orientada a conseguir mayores niveles de igualdad y justicia y unos estándares de calidad de vida mínimos para todos.

Continuará.

*Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la UNED. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm

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Cómo valorar la reforma fiscal de Montoro (y 3)

Cómo valorar la reforma fiscal de Montoro (y 3)

Rubén Osuna*

Los cambios propuestos para el IRPF y el IS implican una simplificación y una ampliación de la base imponible (menos tramos, menos deducciones) y una reducción de los tipos. El documento de presentación de la reforma recoge lo esencial. En la página 5 puede verse una comparación sencilla de los tipos medios antes y después de la reforma del IRPF. La comparación significativa es entre 2016 y 2011, ya que el Gobierno aprobó una subida excepcional de tipos para 2012 y 2013, que se prolongó a 2014, y la situación en estos años puede considerarse excepcional. Como puede verse, para rendimientos del trabajo de hasta unos 50.000 euros al año los contribuyentes experimentarán una reducción en el total a pagar, mucho más sustancial para las rentas bajas. Hay que considerar sin embargo las deducciones por hijos, ascendientes mayores o convivencia con discapacitados (página 7 de la presentación). Pero además, hay que tener en cuenta que el IRPF es un impuesto dual, en el que las rentas del trabajo y del ahorro tienen tratamientos distintos, separados. Los cuatro tramos de los rendimientos del ahorro quedarán como en 2011, salvo para rendimientos de 50.000 euros o más, en los que habrá una pequeña subida. Por tanto, para saber cómo afectará la reforma al bolsillo de cada uno, comparando siempre con lo que se habría pagado en 2011, hay que tener en cuenta no sólo el nivel de renta, sino también la composición de esta -rendimientos del trabajo o del capital- y las circunstancias familiares.

Los criterios de reforma para el IS son similares: la desaparición de deducciones permite que los tipos nominales se acerquen a los reales, ampliándose las bases imponibles a la vez que los tipos se reducen. Uno de los problemas del impuesto en su estado actual es el tratamiento diferenciado a las pequeñas empresas, que desincentiva su crecimiento. Con la reforma todas las empresas pasarán a pagar un 25 por ciento sobre beneficios en 2016. Se mantienen deducciones sólo para gastos en investigación y desarrollo y para beneficios destinados a capitalizar la empresa (autofinanciarse), con un tratamiento algo más ventajoso en esto último para las pequeñas y medianas empresas.

En la valoración de la reforma el contribuyente debe tener en cuenta no solo el ahorro en el pago de estos impuestos, sino que la menor recaudación (en términos de porcentaje sobre PIB) deberá compensarse en un futuro no muy lejano con un incremento de impuestos indirectos, es decir, que no está contemplando más que una parte de la reforma. Aunque el objetivo último de esta no es recaudar más, sí se altera la carga de los impuestos, y la idea central de sustituir impuestos directos por indirectos no anima a pensar que los contribuyentes de rentas medias y bajas con limitada capacidad de ahorro y que dependen de su trabajo acaben pagando menos.

Además, debe tenerse en cuenta que prácticamente todo el ajuste presupuestario programado, y esto es una elección del actual Gobierno, se llevará a cabo por el lado del gasto, y que cualquier ahorro en el pago de impuestos puede verse más que compensado por una pérdida de valor (cantidad o calidad) en los servicios públicos recibidos, de forma que el saldo final de los ajustes acabe perjudicando al contribuyente de rentas más modestas. Dentro de las partidas de gasto, el mayor componente discrecional (inversión pública) ya está en mínimos históricos, y es muy difícil reducir los gastos corrientes, que incluyen las pensiones -que crecen a una tasa de un cinco por ciento anual por el envejecimiento de la población-, las prestaciones por desempleo, el pago de intereses de la deuda y los salarios de los empleados públicos. Parece difícil cumplir con los compromisos de consolidación fiscal (reducción del déficit) en un contexto de débil crecimiento económico reduciendo el porcentaje de gasto sobre PIB sin afectar a los servicios públicos y prestaciones asistenciales esenciales.

*Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la UNED. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm

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Cómo valorar la reforma fiscal de Montoro (2)

Cómo valorar la reforma fiscal de Montoro (2)

Rubén Osuna*

España está obligada a reducir ese déficit, de forma progresiva, en los próximos años, ya sea mediante un incremento de los ingresos como proporción del PIB, o mediante una reducción del gasto sobre PIB. El actual gobierno ha elegido lo primero, y en el mencionado Programa de Estabilidad fijaba como objetivo para 2016 un ratio de ingresos públicos sobre PIB del 37-38 por ciento, mientras que los gastos públicos debían reducirse hasta el 39 por ciento. Casi todo el ajuste se hace por el lado del gasto. Esto explica que la reforma propuesta por la Comisión Lagares, en su conjunto, no incorpore como objetivo prioritario un incremento de los ingresos públicos sobre PIB. El objetivo esencial es redistribuir la carga de los impuestos, aumentando la eficiencia y la transparencia. La equidad ni se menciona (aunque, curiosamente, sí se trataba con detalle en el estudio del Instituto de Estudios Fiscales español del que hemos hablado). El informe de la Comisión Lagares plantea además, en líneas generales, una reducción de la imposición directa y un aumento de la indirecta, justificado con la idea de que esto afecta positivamente el crecimiento económico, según “la práctica totalidad de los analistas e instituciones internacionales que siguen la economía española”.

En principio esto es contraintuitivo, pues un mayor peso relativo de la imposición indirecta implica un sistema en su conjunto menos progresivo, y esto implica a su vez menor renta disponible para aquellos con menor capacidad de ahorro, y por tanto menor gasto de consumo privado. Debe esperarse, a cambio, que aquellos con mayor capacidad de ahorro, beneficiados, permitan un abaratamiento de la inversión. Además, se argumenta que si la imposición directa que se reduce son las cotizaciones sociales, se reducirán los costes laborales unitarios (sin que la productividad tenga que mejorar), lo que permitiría reducir precios, aumentar la capacidad competitiva de la economía y crecer más. Pero esto depende de que las reducciones en los costes laborales unitarios se traduzcan realmente en reducciones de precios, y no en aumentos de márgenes para los empresarios, como se observa que ocurre en sectores poco abiertos a la competencia interna y externa, ya sea por problemas normativos o de especialización productiva. La Comisión Lagares se da cuenta de esto, y recomienda medidas para el fomento de la competencia, nada más.

Se propone por tanto un plan de reformas en dos fases. En la primera se reducirían impuestos directos como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Sociedades (IS) -un uno por ciento del PIB en total-, compensando este descenso con aumentos de la imposición indirecta, especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), los impuestos especiales (alcoholes, tabaco) y entre estos los impuestos medioambientales (hidrocarburos, electricidad, carbón, agua, emisiones, vertidos). Además, en línea con las recomendaciones del Informe Mirrlees, se propone aumentar la imposición sobre el patrimonio y reducir la imposición sobre las transferencias patrimoniales. En una segunda fase se reducirían las cotizaciones sociales (un uno por ciento del PIB también), compensando ese descenso con un aumento adicional del IVA (e hidrocarburos). Es lo que llaman “devaluación fiscal”.

De todo esto, la reforma de Cristóbal Montoro sólo aborda una parte de la primera fase que, en efecto, implica una caída de la recaudación sobre PIB. Ese descenso de la recaudación relativa al PIB es lo que explica la preocupación manifestada por la Comisión Europea, que vigila el cumplimiento de nuestro Programa de Estabilidad. Dicho Programa se ha actualizado muy recientemente para incorporar unas optimistas previsiones de crecimiento, pero es obvio que el ministro de Hacienda tiene además en su mano la posibilidad de aumentar los impuestos indirectos durante los dos años en los que se aplicará la reforma presentada (2015 y 2016). De momento los ajustes solo incluyen la parte amable y con cierto rendimiento mediático positivo para el gobierno del conjunto de la reforma prevista en el informe de la Comisión Lagares.

(Continuará)

*Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la Uned. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm

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