¿Hay inflación de títulos universitarios?

¿Hay  inflación de títulos universitarios?*

En los años sesenta y setenta, muchas familias de la nueva clase media española se pudieron permitir, por fin, enviar a sus hijos a la Universidad. Padres que apenas habían podido estudiar consiguieron así, con no poco trabajo y sacrificio, que sus retoños accedieran a un nivel de formación con el que ellos ni siquiera habían soñado. Estudiar, y más en la Universidad, sólo había estado al alcance de una minoría.

El propósito de aquellas familias era muy comprensible y loable. Un título universitario abría la puerta a bienes tales como un trabajo mejor, un nivel de vida superior y  reconocimiento social. Tener un hijo universitario era un orgullo para unas familias que  habían decidido invertir mucho en educación. No un orgullo envanecido,  sino la satisfacción por que los hijos superasen una larga y difícil prueba que requiere  de cualidades específicas y de un gran esfuerzo sostenido.

Insisto en el esfuerzo que implica el estudio,  por lo infravalorado que está  hoy, como si estudiar fuese lo más fácil del mundo y el estudiante disfrutara de una vida regalada. Un  menosprecio al que ha contribuido la constante rebaja del listón de la exigencia en  el sistema educativo. Cuando en nombre de la igualdad, o para evitar problemas, se aprueba a alumnos que no lo merecen, se hace un flaco favor  al valor del título,  al propio alumno y a la sociedad.

En la época de la que hablaba, las familias deseaban que los hijos  estudiaran una carrera, pero al tiempo tenían muy claro que no todos disponían de las cualidades adecuadas. En mi infancia, he oído decir muchas veces  aquello de que Fulanito “no vale para estudiar”. Pegar los codos a la mesa,  concentrarse en los libros, atender en clase, no se le daba bien y había que buscarle otra salida.  Si alguien dijera hoy eso, ¡uf!,  le tacharían de elitista o clasista. Pero tenían razón aquellos padres: no todo el mundo  vale para estudiar, como no todo el mundo vale para ser artista.

A medida que se eliminaron filtros de selección, la “masificación universitaria” fue a más y se comenzó a hablar de inflación de títulos. Si acudimos al último informe de la OCDE, “Education at a glance 2013”,  en España  un 32 por ciento de personas, entre 25 y 64 años, dispone de  títulos superiores. Menos que Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia o Noruega. Pero más, ¡atención!, que Alemania (28%),  Francia (30%) o Italia (15%).

Con ese 32 por ciento de personas con estudios superiores estamos en el promedio de la OCDE, por lo que podemos decir que el problema no es la tan comentada inflación de títulos. Pero veamos otro aspecto de la cuestión. Cuando el número de licenciados rebasa cierto umbral, habrá cada vez más personas que quieran serlo, puesto que carecer de una licenciatura, cuando  la tiene ya tanta gente,  no es la mejor carta de presentación para un trabajo. 

El economista coreano Ha-Joon Chang, profesor en Cambridge, ha comparado este fenómeno con lo que sucede en un teatro cuando unos espectadores se ponen de pie para ver mejor el escenario. Si más y más espectadores se levantan,  acabarán por levantarse todos. El resultado es que “nadie ve el escenario mejor que antes, pero todos están más incómodos”.

En España, como en otros países que sucumbieron a esa dinámica, está ocurriendo exactamente eso. La licenciatura tiende a  convertirse en requisito mínimo, como antaño el Bachillerato, y la única manera de diferenciarse respecto de la “masa” de licenciados es hacer masters o doctorados. Ese proceso conduce a la devaluación del título de licenciado. 

De los buenos propósitos de aquellas familias que deseaban que sus hijos progresaran, llegamos a una situación en la que ser universitario ni significa gran cosa ni garantiza el progreso. Es más, no pocos estudiantes habrán perdido el tiempo y malgastado su esfuerzo en el empeño. Así que habrá que corregir esa tendencia. Una forma de hacerlo es mejorar las alternativas a la titulación universitaria y prestigiarlas, ya que la formación profesional ha quedado como la opción para aquellos, pobrecitos, que no pueden hacer otra cosa.

Alemania dispone de un porcentaje menor de titulados universitarios que nosotros. Uno de los motivos es que allí la formación profesional no lleva estigma ni se asocia con los fracasados. Valga el ejemplo de un matrimonio alemán, padres de unos amigos. El padre es abogado y la madre médico. Me dijeron que no habían presionado a sus hijos para que fueran a la Universidad, y de hecho no fue ninguno de los tres. Uno se hizo carpintero,  otro lutier y la hija, enfermera. Kein Problem.

Por lo demás, no olvidemos que nuestro gran problema educativo no está en la franja superior, sino en la media. Casi la mitad de la población, un 46 por ciento, según el informe de la OCDE,  tiene únicamente estudios primarios, si es que los completa. Es ahí donde dejamos de parecernos a los países europeos y nos acercamos a los países en vías de desarrollo. Ah, la olvidada y depreciada enseñanza media.

*Publicado en VLCNews, 30-06-2013

 

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Los profetas se equivocan

Los profetas (y los expertos) se equivocan*

Cuando la reina Isabel II fue a la London School of Economics, en noviembre de 2008, sorprendió a los economistas con una pregunta que por lo demás se estaba haciendo medio mundo. Oigan, vino a decirles,  ¿cómo es que nadie pudo prever la crisis? La perplejidad de la reina era muy comprensible. Los problemas que conducen a un desastre de tal magnitud no aparecen de la noche a la mañana. Y, en efecto,  una vez que estalló la crisis fue bien fácil señalarlos. El único pronóstico que no falla nunca es el que se hace a posteriori. El día después, todos somos sabios.

Si uno recuerda algunos de los vaticinios que alcanzaron celebridad en décadas pasadas, tendrá motivos para instalarse en el escepticismo. Se predijo, por ejemplo,  que la Unión Soviética sobrepasaría económicamente a Estados Unidos, y lo que ocurrió fue que desapareció la URSS y cayó el muro de Berlín,  cosas ambas que apenas nadie había previsto. Se profetizó, no hace tanto,  que Japón sería la gran potencia del siglo XXI y que China no pintaría nada, y ya se ve que también ahí erraron las pitonisas. Esto por no hablar de las auguradas catástrofes de todo tipo, sea por la superpoblación, por la escasez de materias primas o por la inflación, que se han resistido a cumplirse.

En estos tiempos de tribulación económica hay tal demanda de oráculos que ningún experto se libra de que le hagan sacar la bola de cristal para que diga cuándo vamos a salir de la crisis. Más que saber qué está pasando, se quiere saber qué va a pasar, pero la disparidad de los pronósticos es tan grande que el ejercicio de prognosis acaba arrojando más dudas. Así que la cuestión finalmente es: ¿a quién creer? Y la mala noticia es que solemos fiarnos de quién no deberíamos.

El periodista  canadiense Dan Gardner en su libro “Future Babble”, que podemos traducir como “Cháchara sobre el futuro”, ofrece muchos ejemplos devastadores. Y  tanto sobre la solvencia predictiva de los expertos como sobre nuestra capacidad  para distinguir entre el verdadero experto y el auténtico cantamañas. Uno de los casos más llamativos proviene de un experimento realizado, en los años 70, por unos psicólogos de una universidad californiana, que  contrataron a un actor y lo hicieron pasar por un experto en teoría de juegos.

Aquel falso doctor Fox dio conferencias ante académicos y estudiantes, y todos quedaron encantados. Sus charlas eran puro sinsentido, pero hablaba con tal autoridad, confianza y claridad, que convencía a sus oyentes. En contraste, uno de los  pocos economistas que advirtió del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, Robert Shiller, despertaba el recelo de las audiencias televisivas. ¿El motivo? Que sus explicaciones son complejas y matizadas y no parece estar en posesión de la verdad.  

Hay quien piensa que los expertos  tienen las mismas  probabilidades de dar en el blanco que un chimpancé que lanza unos dardos.  Yo no me atrevería a suscribir un juicio tan tajante. Siempre hay alguno que acierta, pero no sabremos quién tenía razón hasta el día después. No queda otra que convivir con la incertidumbre.

*Publicado en VLCNews, 23-06-2013

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Los bulos de la crisis

Dado que buena parte de los artículos que publiqué en VLCNews y enlacé aquí, en Heterodoxias, se han perdido en el éter de internet, iré recuperando algunos este verano, porque es feo tener un enlace que no lleva a ninguna parte, y por eso de que igual tienen todavía algún interés.  

Los mil y un bulos de la crisis *

La facilidad con que se difunden y aceptan datos falsos sobre las causas y los efectos de la crisis dejaría pasmados a aquellos traficantes de bulos de  tiempos pretéritos. Ellos tenían a su favor que apenas había gente ilustrada y que no existía nada semejante a nuestra industria de la comunicación. En este siglo hiperinformado no podemos alegar ignorancia.

El caso de los desahucios, por ejemplo. A raíz de un informe del Consejo General del Poder Judicial, que cifraba en más de 400.000 los desahucios desde 2008, se tuvo por cierto que casi medio millón de personas se habían quedado sin casa, en la calle. Eran unos 83.000 por año,  un dato tremendo, que servía en bandeja la justificación para esos selectivos linchamientos de políticos a los que llaman  “escraches”. Pero tenía bicho.

No distinguía cuántos desahucios eran de primera vivienda y cuántos de segundas residencias, locales comerciales, garajes o naves. Y esto era importante para la percepción del problema. Que alguien se quede sin un local o un apartamento en la costa no alarma tanto como que una familia pierda su única vivienda. Ahora, una encuesta del Colegio de Registradores brinda una cifra más realista: el año pasado la banca se quedó con 30.044 primeras viviendas. Aún es considerable y es, sin duda,  una desgracia, pero afecta a bastantes menos personas de las que se creía.

Con el aluvión de datos sucede algo curioso. El primer dato que aparece, y el más escandaloso, es el que se queda, el que se toma por verdadero, aunque después se desmienta. Vayamos a otro bulo que  fue creído a pies juntillas por mucha gente. Según un supuesto informe oficial había en España  445.000 políticos. Todo un récord planetario cuyo mantenimiento nos saldría muy caro siempre que fuera verdad. La astronómica cantidad ya invitaba a la sospecha y al mirar las entrañas del “informe” se descubría el truco. Sumaba como políticos a directores de agencias meteorológicas y de institutos astrofísicos, a vocales de cámaras de comercio y alcaldes pedáneos, a gestores del catastro y, si se descuida,  a cualquiera que pasara por allí.  

El  “dato” corrió como  la pólvora y se dio por bueno por una razón: encajaba en la idea previa de que los políticos eran los culpables de la crisis. Luego les tocó a los funcionarios. Se decía que había demasiados, que pasaban las horas muertas tomando “el cafelito” y que no salíamos del pozo por el exceso de personal de las Administraciones, que tenían un tamaño mastodóntico.  Sin embargo, los datos, los auténticos, muestran que el número de funcionarios en España está en el promedio de la UE. Y que el 82 por ciento de los empleados de las Comunidades Autónomas  trabajan en educación, sanidad y seguridad. Pero el funcionario sirvió, por una temporada, de chivo expiatorio.

Al recordar el enorme éxito que han tenido estos bulos, que son sólo un botón de muestra, se le quita a uno cualquier tentación de sentirse superior a las crédulas gentes de otras épocas. No somos tan distintos. Hemos pasado por la escuela y muchos por la Universidad. Disponemos de fuentes diversas y accesibles de información. Pero nos inclinamos a creer aquello que queremos creer, aunque no sea verdad. Jean-François Revel, el pensador liberal francés, dedicó un libro, “El conocimiento inútil”, a esa paradoja. Allí dejó esta sentencia inapelable: “Hoy, como antaño, el enemigo del hombre está dentro de él. Pero ya no es el mismo: antaño era la ignorancia, hoy es la mentira.”

 *Publicado en VLCNews, 14-04-2013

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Cómo valorar el programa económico de Podemos (y 3)

 

Cómo valorar el programa económico de Podemos (y 3)

Rubén Osuna*

Expulsar la actividad privada del ámbito público, es decir, la gestión pública directa de todos los servicios o bienes públicos, la tercera línea de acción, es una opción entre otras muchas. Para la sanidad pública, por ejemplo, el Estado puede garantizar el acceso a un servicio universal, sin que ello implique necesariamente que el propio Estado se encargue de gestionar el servicio (así ocurre en España, Italia o el Reino Unido, pero no en Holanda, Francia o Alemania). La ventaja de una provisión pública del servicio es que el coste suele ser inferior, a cambio de cierta austeridad en la prestación. Podemos propone generalizar la provisión estatal para todos los servicios públicos (sanidad, pero también transportes, educación, etcétera) y aplicarlo sin excepciones, además de blindarlo mediante el requisito de referéndum para cualquier privatización futura (de nuevo aquí la idea de la democracia directa, no corruptible, como freno a la voracidad del mercado).

El ejemplo más polémico que podemos encontrar en el programa es quizás el que se refiere a la enseñanza privada concertada, donde hay una tradición asentada de prestación de un servicio público a través de centros privados. La propuesta de acabar con este modelo es desde luego legítima, pero su justificación última está en aquellos dos axiomas que ordenan internamente todo el programa y no en alguna ventaja material.

La cuarta línea, que tiene como objetivo profundizar en la redistribución de la renta, pasa, como no podía ser menos, por insistir en la gratuidad del acceso a los servicios públicos y en impuestos más progresivos. Las dos propuestas más chocantes son la jubilación anticipada a los 60 años y la garantía de una renta básica, pero ambas cosas se podrían interpretar de forma que resultaran razonables. Con el debido rigor se ha argumentado a favor de la posibilidad de jubilaciones a los 60 años -tras la reforma de 2011/13 la edad mínima son 63- para aquellas personas con problemas de salud o baja productividad, a cambio de una pensión algo más baja.

La lógica es esta: si has cotizado un número suficiente de años para tener alguna pensión, y poco antes de los 63 estás en paro -es decir, sin posibilidad de encontrar un empleo- o con problemas de salud, lo más probable es que aceptaras una quita en tu pensión a cambio de poder jubilarte ya, y no tener que esperar más. Esto se puede diseñar de forma que no suponga una carga financiera extra para la Seguridad Social, y aumentaría el bienestar de las personas que eligieran esta modalidad.

La renta básica suena a brindis al sol, pero no es más que un término de moda que puede esconder propuestas muy diversas. La confusión ha llegado tan lejos que incluso el PP de Andalucía se ha apuntado recientemente a la moda. La idea general es sustituir el complejo sistema de impuestos con exenciones combinado con múltiples subsidios y prestaciones por uno más simple basado en una renta mínima garantizada que generaría un derecho a una transferencia del estado si los ingresos declarados son inferiores, y el pago de impuestos si son superiores.

Dentro de ese esquema podemos ir desde la propuesta de Milton Friedman para reemplazar todo el estado del bienestar por esa renta básica, hasta las más adanistas de considerarla un subsidio universal e incondicional. En el programa de Podemos puede leerse (p. 8) que la renta básica es un derecho universal pero no incondicional, pues sustituiría otras prestaciones de menor cuantía (desempleo, subsidios no contributivos, etc.). La cantidad estaría ligada al umbral de la pobreza, y su coste se financiaría con un IRPF más progresivo. Nada especialmente revolucionario. Otra cosa es hacer que los números cuadren.

***

Todo el programa de Podemos debería resultar familiar, a grandes rasgos, para cualquier militante o simpatizante de izquierdas. Las propuestas más radicales dependerían de profundas reformas del marco legal e institucional, por lo que podemos considerarlas meras declaraciones de intenciones. Cuando tratamos de montar el puzzle de propuestas concretas descubrimos que hay piezas -como las nacionalizaciones o el impulso keynesiano a la actividad- que no encajan, y otras que requieren apretar mucho, pero no hay casi nada subversivo.

No obstante el conjunto recuerda mucho al programa con el que Mitterrand ganó las elecciones en 1981 (las 110 Propuestas para Francia), y que se demostró, ya en su día, en el contexto europeo, inaplicable. Además, en el programa de Podemos, y en el discurso de Pablo Iglesias, permea demasiado la experiencia latinoamericana (la deuda externa freno al desarrollo, el conflicto norte-sur, las democracias representativas fallidas), que no se puede traspasar sin más a España y a la Europa de la Unión Monetaria.

Resulta difícil reordenar sin desvirtuar el programa de Podemos porque en el fondo este se limita a señalar unos enemigos -las multinacionales, los oligopolios de la comunicación, los bancos, los representantes políticos- y a recoger ocurrencias contra ellos. Hasta ahora, lo que ha vendido Pablo Iglesias desde las tribunas televisivas -y es un vendedor muy hábil- es empatía con la indignación de los damnificados por la crisis -los parados y los estudiantes sin futuro, los trabajadores más vulnerables- y un cauce para sus deseos de revancha. Podemos tendrá que pasar de esto a algo más constructivo, desde sus propias preferencias políticas, legítimas, pero a la luz de la experiencia histórica europea, si es que quieren -no está claro que lo necesiten de momento- ofrecer esperanza en vez de utopías y ajustes de cuentas.

 *Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la UNED. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm

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Cómo valorar el programa económico de Podemos (2)

 

Cómo valorar el programa económico de Podemos (2)

Rubén Osuna *

Dentro de la línea de mayor proactividad estatal se pueden citar medidas como el programa de inversiones públicas (p. 2); más un programa de expansión monetaria (p. 3), que requiere un sometimiento del BCE a las autoridades políticas, y por tanto un cambio estatutario.

La segunda línea, sobre mayor control de los mercados, se concreta en medidas como la regulación en los salarios (p. 2), una mejor regulación de los contratos de préstamo (p. 3) y especialmente los hipotecarios (ps. 18 y 19), la separación de la banca de inversión y la banca comercial (p. 3), la regulación de la dirección de las entidades bancarias (para democratizarla, p. 4) y de todas las empresas en general (una suerte de cogestión, p. 6), la creación de una banca pública (p. 4), la nacionalización de sectores estratégicos (telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, p. 5, o las grandes fincas, p. 33) y la creación de impuestos sobre los movimientos de capitales (p. 23).

La tercera línea proponía la gestión pública de todo lo público, e incluiría cosas como exigir el cumplimiento de cláusulas sociales a las empresas que acceden a contratos públicos (p. 2), la exigencia de someter a referéndum cualquier privatización (p. 5), la derogación de las privatizaciones en servicios públicos esenciales (ps. 14-15), el fin de la enseñanza privada concertada (p. 17) o la garantía de la gestión y propiedad pública de los recursos hídricos (p. 32).

La cuarta y última línea, centrada en la redistribución de renta entre ciudadanos, recogería propuestas como reducir la edad de jubilación a los 60 años y aumentar las pensiones no contributivas (p. 2), incrementar la carga fiscal sobre las rentas del ahorro y las grandes fortunas (p. 4), establecer una renta básica (p. 8), incrementar la progresividad de los impuestos (p. 14) y la creación de otros nuevos (sobre segundas viviendas infrautilizadas, por ejemplo, p. 19) o excluir los copagos para acceder a servicios (como la sanidad, p. 16).

Muchas de estas propuestas plantean serios problemas jurídicos e institucionales, pero lo que puedo aportar es alguna reflexión crítica sobre los aspectos puramente económicos: si se pueden llevar a cabo o no y si sus efectos serían los pretendidos.

***

Las propuestas de la primera línea implican un abrazo al keynesianismo clásico, que tiene dos problemas sustanciales en el contexto actual: cuesta dinero y no tendría los efectos esperados. Cuesta dinero porque lo único que estaría bajo el control de un gobierno de Podemos es la política fiscal, no la monetaria. Incluso si el Banco Central Europeo pudiera comprar directamente deuda pública española, como proponen (p. 3), los actuales niveles de endeudamiento y la posibilidad de que buena parte del impulso inducido en la demanda se perdiera en importaciones, hacen que aceptar un mayor déficit público y deuda para esto no tenga ningún sentido. Otra cosa es financiar el impulso keynesiano con impuestos, pero en ese caso una mano gasta lo que le da la otra, y de nuevo tendríamos el filtraje hacia las importaciones de parte del impulso, por lo que el efecto final esperable, aunque fuera positivo a corto plazo, sería muy pequeño. No saldremos de la crisis así.

El problema último de la economía española es de productividad. Vamos a tratar de explicarlo un poco. Los precios pueden expresarse como el coste laboral por unidad de producto más un margen. El coste laboral unitario es el salario por la cantidad de trabajo que requiere una unidad de producto, es decir, por la inversa de la productividad del trabajo. Si quieres reducir los precios de los bienes y servicios que producimos tienes que reducir los márgenes, o reducir los salarios, o aumentar la productividad[1]. No hay otra. Reducir los salarios implica poder reducir los precios, y esto permite conseguir más demanda para nuestros productos, pero sobre todo externa, porque la interna depende precisamente de esos salarios que las familias gastan en bienes de consumo y que se han reducido. Es mucho mejor aumentar la productividad, pues ganas demanda externa sin sacrificar la interna.

Hay algo mucho mejor todavía: tener ganancias de productividad y no tener que bajar los precios (lo que permitiría mayores salarios y márgenes). Eso podría darse con los bienes cuya demanda no es demasiado sensible a los precios, como es el caso de productos industriales que se compran por la tecnología que llevan incorporada o por la calidad de su manufactura, y no tanto por el precio. España debe por tanto producir otras cosas, y debe ser más productiva en todo lo que hace. La deflación salarial es el peor camino hacia la caída de los precios, pero también el más fácil. La productividad depende de muchos factores interconectados y no hay una sola variable que podamos manipular fácilmente para conseguir que aumente. En general, hay que organizarse mucho mejor, a todos los niveles. Por tanto, aunque Podemos critica -implícitamente- la receta liberal clásica para salir de una crisis -austeridad, deflación, tiempo-, y la tan celebrada caída de salarios, y muchos podamos estar de acuerdo con ello, la alternativa práctica en el mundo de hoy, y en la Unión Monetaria, no es tampoco el keynesianismo clásico, que tuvo sentido en su momento, con economías mucho más cerradas

La segunda línea de acción, que propone un mayor y mejor control del funcionamiento de los mercados, puede defenderse racionalmente. En efecto, los mercados siempre funcionan en un marco institucional. Siempre están regulados. El problema es cuánto regular, y cómo. En España los márgenes empresariales han subido durante la crisis, lo que explica que la caída de salarios no se haya visto reflejada en los precios. Ese comportamiento anómalo de los márgenes se debe a la escasa competencia en los mercados, que se puede deber a nuestra especialización productiva (una economía de servicios) y a una deficiente regulación de los mismos. Otro ejemplo: a la luz de la experiencia, muchos comparten hoy la idea de que una desregulación excesiva -o una regulación deficiente- de determinados mercados, sobre todo los financieros, acaba siempre en tragedia. Entre esos muchos estaría, curiosamente, el propio Adam Smith, que no se engañaba sobre el particular.

El establecimiento de salarios máximos puede ser más cuestionable que un incremento de los salarios mínimos. Entre otras cosas, entra en contradicción con la idea de que los rendimientos del ahorro son la fuente principal de las grandes rentas y con la fuerte progresividad tributaria que propone Podemos en diversas partes de su programa. La cogestión, la banca pública o los impuestos sobre los movimientos de capitales son cosas que ya existen en Europa (la tasa Tobin se aplicará a partir de 2016). Más extravagante resulta la idea de nacionalizar parcialmente sectores enteros de la economía. Primero, por el coste de la expropiación o “adquisición pública”, seguramente inasumible; y después por la contradicción -una vez más- con las propuestas de mayor regulación de esos mismos sectores que se encuentran en diversas partes del programa de Podemos.

Continuará.

*Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la UNED. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm


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