Es muy posible que Benedicto XVI no haya sido un Papa tan popular como su predecesor y es evidente que no disponía de su carisma (carencias ambas que a mí no me parecen carencias y mucho menos en el caso de un Papa); pero Benedicto XVI ha sido un Papa inteligente, pues es un hombre inteligente, y ha demostrado de nuevo su inteligencia con esta decisión tan inusual, que su precedente más cercano lo ha encontrado nuestro Sintxapela en el Papa Gregorio XII, que renunció al Pontificado el 4 de julio de 1415, cuando aún no se había descubierto América, ni tomado Granada. Un hombre de la Iglesia, en realidad, siempre está retirado.

Las intenciones de voto que reflejan las últimas encuestas han provocado gran alegría en los partidos que se benefician un tanto de la caída -o escaso crecimiento- del voto al PP y el PSOE. La tendencia ya se había avistado en las últimas elecciones generales y autonómicas. Los beneficiarios de esa fuga de votantes de los dos grandes  son, particularmente, Izquierda Unida y UPyD. ¿Uno recoje por la izquierda y otro por la derecha? No está nada, pero nada claro.

Es verdad que UPyD, con su defensa de la unidad de España y su posición contundente contra el secesionismo, puede recoger votantes en la derecha. Pero yo apuesto por otro enfoque. Hay algo en lo que coinciden IU y UPyD, aun con matices distintos: su oposición a los recortes, a la política económica en curso. 

En UPyD esa oposición se ha acompañado de un relato en  el que no sólo aparecen los recortes como injustos, sino como resultado de  los privilegios, chanchullos y despilfarro de los políticos; se entiende que de los políticos de “los viejos partidos”, como les llaman. Y este es un relato de sesgo populista (los políticos contra el pueblo) que tiene gran aceptación hoy en España.  UPyD recoge un malestar por la situación económica que se dirige contra los políticos, y que se extiende tanto por la banda izquierda como por la banda derecha.

La tendencia  puede cambiar, pues,  cuando mejore la economía. Y, en cualquier caso, no pienso que esté justificado anunciar el  fin del bipartidismo.  Para empezar, no hay un bipartidismo tan consolidado en España (por contraste con EEUU, pongamos). El parlamento acoge a no pocos grupos diferentes, y los gobiernos han tenido que pactar más de una vez con alguno/s  de ellos. Por continuar,  los viejos partidos son como los viejos rockeros. Si no mueren jóvenes, sobreviven y dan la lata mucho tiempo. Y que así sea, concluyo. El ejemplo más cercano de colapso de los viejos y corruptos partidos fue Italia. Recuérdese qué y quién ocuparon su lugar.

La actualidad es una mesa desordenada en la que uno -yo misma- va colocando notas y avisos al tuntún, y lo que un día era urgente, al otro está sepultado por la siguiente gravísima emergencia nacional. Así ha sucedido con la declaración soberanista del parlamento catalán.  Olvidada, la pobre, por toda la prensa que reclamaba una respuesta rápida y contundente y todo partido que exigía que se recurriera ya. Que yo sepa, nadie se interesó, tras el Consejo de Ministros del viernes pasado, por aquel informe al respecto de la Abogacía del Estado, y que era de máxima urgencia, claro está.

Por fortuna, siempre hay por aquí algún ojo vigilante. El periscopio del capitán Nemo avistó esta mañana el artículo de Francesc de Carreras que concluye el examen de la cuestión que había  iniciado en esta otra pieza . A la pregunta de si se puede o no recurrir la declaración aquella ante el TC,  el catedrático de Constitucional responde que sí. Y por la vía que establece  articulo 161.2 de la Constitución, que dice lo siguiente:

       El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

No íbamos tan descaminados, entonces,  los legos en la materia.

Del artículo de Carreras, destaco estos fragmentos:  

–La personas tienen, pues, libertades, pero los poderes públicos no. Esta es una distinción fundamental. Los poderes públicos no tienen libertades sino competencias, es decir, facultades jurídicas legislativas, ejecutivas o judiciales, en el ámbito establecido por la ley.

–¿Es competente el Parlament, un poder público, para efectuar una declaración sobre una materia como esta? En derecho público, suele distinguirse entre las competencias de un órgano y sus declaraciones de voluntad. Las primeras deben estar taxativamente fijadas en la ley correspondiente y facultan al órgano para dictar por sí mismo normas legislativas, ejecutivas o judiciales. Las segundas, bastante menos frecuentes, se limitan a expresar determinados deseos o aspiraciones que estos órganos no pueden llevar a cabo por sí mismos al no ser competentes y, en ocasiones, son peticiones de cambios legales e, incluso, constitucionales.

Ahora bien, estos deseos legítimamente expuestos como declaraciones de voluntad deben tener lógicamente un límite: que el cambio que se pretende sea llevado a cabo de acuerdo con el procedimiento jurídicamente adecuado.

–La declaración, pues, hubiera podido ser legítima como expresión del deseo de una mayoría parlamentaria para alcanzar la independencia por las vías constitucionales. La Constitución no es un muro impenetrable, es abierta y prevé, incluso, su reforma total, al contrario que la alemana, la francesa y la italiana, no digamos ya la de EE.UU. Pero la redacción del texto aprobado es una clara instigación a los ciudadanos a que vulneren el sistema constitucional y, por tanto, se trata de una resolución parlamentaria con indudable valor jurídico que puede y debe ser recurrida por el Gobierno ante el TC por la vía que establece el art. 161.2 de la Constitución.

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En relación al mismo asunto, otro catedrático de Constitucional, Carlos Ruiz Miguel, además de señalar idéntica vía para el recurso, subraya que no hacerlo sería una  incongruencia con la decisión del Gobierno de impugnar las “declaraciones de soberanía” aprobadas en diversos ayuntamientos catalanes.

Tengo la impresión de que el globo de los papeles de Bárcenas se desinfla a una velocidad a la que ya hubiéramos querido que pinchara la burbuja inmobiliaria, un sector, el inmobiliario, siempre en la vanguardia de la financiación ilegal de los partidos. Veremos en qué acaba la investigación de las fotocopias en la Fiscalía Anticorrupción, pero sin los originales y sin testimonios (¿bastará el de Trías Sagnier?)  parece dudoso que cuaje. Tanto más cuanto que Bárcenas ha decidido negar que es el autor de sus apuntes.  

Me conmueve que el diario El País haya entregado las fotocopias a la Fiscalía después de consultar con los servicios jurídicos del periódico, y tras asegurarse de que no se ponía en riesgo el anonimato de la fuente. En la información del diario, expresan esto de forma errada: 

“La entrega se produjo solo después de que [el Director, Javier] Moreno se asegurara de que ello no ponía en riesgo, bajo ningún concepto, la identidad de la fuente que proporcionó los papeles a EL PAÍS.”

Hombre, la identidad de la fuente no se pone en peligro (salvo que la fuente tenga una crisis de identidad); será su anonimato lo que se puede poner en riesgo.

Me conmueve tanto cuidado  en este punto, cuando se diría que no han tenido el mismo celo a la hora de asegurar la autenticidad de los documentos que publicaron. Sobre todo, cuando basándose en ellos afirmaron que personas y organizaciones determinadas han cometido faltas y/o delitos.

Bien. Esa es la faceta deontológica del escándalo. Pero hay otra que me interesa más: la sociológica o de psicología social.

De haberse tratado de un caso más de financiación ilegal de un partido, aun con el agravante de que se trata del partido en el Gobierno, no creo que hubiera estallado con tal fuerza la santa indignación pública. Hasta los niños saben que los partidos buscan financiación debajo de las piedras y, por supuesto, en los ladrillos. No pienso que sorprenda a nadie que el tráfico de donaciones supera el umbral permitido por ley. (En Cataluña, el cobro de comisiones es vox populi desde hace mucho, sin que haya  despertado una gran  ira popular).

Para mí que la chispa incendiaria fue la revelación -sustentada en las fotocopias- de que los dirigentes del PP recibieran sobresueldos o, como decía El País cuando sacó el percal,  ”pagos periódicos a toda la cúpula”. Visualizar a Rajoy o a Aznar o a Mayor Oreja o a Acebes, subiendo a un despachito en la calle Génova en las horas crepusculares  para recibir, de tapadillo, un sobre con dinero,  eso, claro, es una imagen detonante. Y más con la que está cayendo.   

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Francisco Sosa Wagner recordaba hoy el caso de las donaciones ilegales a la CDU que destapó, así de pronto, en una entrevista televisada, el ex canciller alemán Helmut Kohl en 1999.  Sólo añadiré que Wolfgang Schäuble, que presidía la CDU y tuvo que dimitir en el 2000 tras reconocer que había recibido dinero de la industria armamentística -cosa que  había negado  antes en el parlamento- no quedó inhabilitado ni desacreditado por ello para siempre jamás. En absoluto. Dos años después era vicepresidente de la CDU/CSU. En el primer gobierno Merkel fue ministro del Interior y en el actual, es el bien conocido ministro de Finanzas.

Más de una vez he pensado que el Partido Popular no es un partido sino otra cosa; tal vez, un club. La conducta de una significativa parte de sus dirigentes ante la crisis provocada por los papeles secretos de  Bárcenas me reafirma en tal idea.  Veamos algunos hechos al respecto.

Barones regionales como Feijóo, Monago, y Sánchez Camacho, hicieron declaraciones previas a la ejecutiva extraordinaria en las que ponían de manifiesto que tomaban distancia -y una distancia sideral- respecto del problema que afectaba a su partido.  Reclamaron explicaciones y que se investigara “hasta el final” como si fueran ciudadanos de a pie y no dirigentes del PP. Es decir,  como si no fueran ellos, también ellos, los que deben dar explicaciones, desmentidos o lo que fuese. Por supuesto, ninguno desmintió nada. Ni defendió la honestidad del partido  (a lo sumo, de su parcela particular, y sólo desde que ”yo ocupo el cargo”, como Feijóo). 

El ejemplo más extraordinario de esta actitud fue la presidenta del PP catalán. Antes de entrar en la ejecutiva extraordinaria de este sábado, Alicia Sánchez Camacho, declaró que “en el PP tenemos que dar explicaciones (…) y espero que hoy se tomen medidas importantes”, así como que “hay que llegar hasta el final”, y que la situación del PP es “muy delicada” y “muy grave” y  “no se puede mantener”. Ella tampoco se siente aludida por el caso.  Al escucharla este mediodía, me pregunté por qué no estaba junto a los manifestantes unos cien metros más arriba.

Tanto el presidente riojano Sanz, como el presidente del Congreso Posadas, como otra vez Feijóo, entraron en la ejecutiva como meros escuchas. “Vamos a escuchar“, dijeron estos tres. Lo dicho, ellos no tienen nada que ver, ni arte ni parte, a mí que me registren,  soy del PP, pero si hay movida, como si no lo fuera. Impresionante.

La misma noticia, recoge unas palabras fúnebres de Oyarzábal, secretario del PP vasco, de las que se deduce que da por cierto lo que su secretaria general había dado por falso: “al margen de que haya que cambiar las cosas que haya que cambiar, este es un partido que merece la pena seguir defendiendo”. 

Y el primer cantazo. Mientras la secretaria general afirmaba que la información de El País sobre los papeles de Bárcenas era completamente falsa, el presidente del Senado y dirigente del PP, Pío García Escudero, confirmaba al citado periódico que era cierta la anotación publicada, según la cual había recibido  cinco millones de pesetas del partido (un crédito para reparar su vivienda tras un atentado de ETA en el año 2000). Naturalmente, la confesión de Escudero daba credibilidad al conjunto de los papeles secretos y restaba credibilidad al desmentido de la secretaria general.

Y alguna prensa habla de ¡cierre de filas! Por Dios. No he visto filas más desmadejadas en mi vida. En el PP, cuando las cosas vienen muy mal dadas, lo que hay es desmayo y  desbandada, caos y sálvese quien pueda. Si el Gobierno se salva de ésta, no será porque tenga detrás un partido.