A los treinta años, Jorge Fernández Díaz ya era gobernador civil. Ni el actual cargo le viene grande ni es un recién llegado a la política. Pasó a Alianza Popular desde el CDS de Adolfo Suárez, presidió el Partido Popular en Cataluña y ocupó altos cargos en los gobiernos de José María Aznar a la vera de Mariano Rajoy: secretario de Estado de Administraciones Públicas, de Educación, de Relaciones con las Cortes.

Las quinielas le atribuían la presidencia del Congreso, pero Rajoy reservaba para este catalán el Ministerio del Interior, uno de los departamentos más difíciles y, sin duda, el más amargo. No solo debe orientar la seguridad y el orden público en la era endiablada de los grupos antisistema transnacionales que revientan cumbres, toman calles y plazas e invierten las culpas filmando con centenares de móviles a una Policía convertida en sospechosa; también le corresponde gestionar la política antiterrorista en una etapa preñada de incógnitas: la que se inicia con la sentencia del Tribunal Constitucional que franqueaba a batasunos travestidos la puerta de las instituciones, para definirse en una maraña social de esperanza y recelo con el anuncio del «cese definitivo de la actividad armada» por parte de ETA, sin disolución y sin entrega de las armas.

Las víctimas del terrorismo merecen apoyo y respeto, y que se haga justicia. Lo que nadie merece son análisis periodísticos precipitados en materia tan sensible como un programa de reinserción de presos de ETA. Cierto es que el íter no fue ejemplar: filtrado primero a una agencia, luego defendido genéricamente por el presidente y la vicepresidenta, luego expuesto por el ministro a las asociaciones de víctimas. Sin embargo, la cuestión es: ¿está traicionando el Gobierno los principios defendidos por el PP durante tantos años? La respuesta es no. Trataré de resumir el porqué.

Antes y después de las elecciones, y por supuesto tras el anuncio etarra de octubre de 2011, Mariano Rajoy y los suyos han insistido en un mensaje inequívoco: con los terroristas se aplicará la ley. Punto. ¿Y qué dice la ley? Que las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción (Artículo 25.2 de la Constitución). Podemos opinar que el terrorista no merece reinsertarse, o que jamás se le reeducará, pero no podemos negar que los fines constitucionales de la pena son los que son.

La ley dice que los beneficios penitenciarios son el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular. Exclusivamente. (Art. 202.2 del Reglamento Penitenciario). Para acceder a los beneficios penitenciarios, un terrorista requiere un pronóstico de reinserción que está condicionado, entre otras cosas, a la petición expresa de perdón a las víctimas. (Art. 90 del Código Penal).

El plan de Jorge Fernández es acorde a la ley: no da acceso a ningún beneficio penitenciario futuro sin una petición de perdón. Da acceso, con condiciones, a un tratamiento dirigido a la reeducación, si el preso lo solicita. Se podrá sostener, sin rigor jurídico, que el acercamiento de presos es un beneficio penitenciario, pero no lo es.

El PP está donde estaba, y Jorge Fernández merece el respeto de quien ha apurado el cáliz que le tendió el presidente, cuando él, de profundas convicciones católicas, probablemente se veía de embajador en el Vaticano.

Lo llaman traidor, le acusan de urdir un plan indecente, de seguir la ruta escabrosa de Zapatero y Rubalcaba o, directamente, de estar negociando con ETA. Todo ello con la incomprensión, públicamente manifestada, de Jaime Mayor Oreja, correligionario que ocupó su cargo. No lo merece. El Gobierno se explica fatal, pero hace lo que dijo que iba a hacer.