A lo que iba: Querido José Luís, ¿No te parece de mal gusto por no decir de mala educación y falta de respeto, llamarle chisgarabis al oponente político que además ostentaba el cargo de presidente del gobierno, en sede parlamentaria? 

Es que no entiendo vuestra vara de medir o tergiversar.  

No, si ya hay días en que ya lo hace a base de sabanacas, como hoy. ¿ Con la auscripción al diario de papel no regalan la electrónica de Kiosco Y Mas para poder poner enlaces ?

Y desde luego sin vallas y sin policía mo hubiera habido tensión ni heridos, sólo Diputados fuera de servicio.

Oiga Sr., no es ironía. Si los políticos pusieron la valla para protegerse sería estúpido que se hubieran puesto a empujar la valla desde su lado para hacerse daño con ella. Eso nunca ocurre (salvo en el fútbol).

A no ser que hubieran sido heridos por los manifestantes, lo que contradiría los objetivos de los manifestantes.

Irónico es que los que no querían ejercer la violencia, lo hayan hecho por el hecho de colocar las vallas previendo esa posibilidad. Y la otra “ironía” es que los políticos hubieran sido heridos por los manifestantes por no colocar las vallas.

.,.,.,..

LA UTO­PÍA DE LA SE­GU­RI­DAD
IG­NA­CIO CA­MA­CHO
ABC
23 de agosto de 2013

EN un mundo perfecto los trenes no descarrilarían y los aviones tampoco sufrirían accidentes. El azar o la mala suerte representarían inverosímiles contingencias descartadas en un transporte público blindado a toda clase de eventualidades. No habría lugar al factor aleatorio de la catástrofe porque todo estaría previsto en mecanismos de anticipación tecnológica que volverían irrelevante la negligencia, la distracción o la simple incompetencia: en suma, la capacidad humana de equivocarse.
Esa utopía de la seguridad es la que parece latir en el auto del juez Aláez, cuyo fondo providencialista conecta con el pensamiento de una significativa parte de la opinión pública española. El Alvia de Santiago no tenía que haber descarrilado porque en su diseño, planteamiento, dotación material y ejecución técnica sus responsables debían haber anulado cualquier posibilidad de error humano mediante un ejercicio absoluto de previsibilidad. Según ese razonamiento, que considera presunto delito la falta de un equipamiento máximo capaz de intervenir en caso de fallo humano, todas las líneas de ferrocarril españolas habrían de poseer los máximos estándares de tecnología independientemente de su categoría o precio. Y los conductores o maquinistas trabajarían en ellos con plena conciencia de que un sistema omnisciente e hiperprotector corregiría de inmediato cualquier desaplicación o desatención de sus responsabilidades. En la vida real, sin embargo, las personas sabemos que los despistes son fatales. Si sueltas el volante o hablas por teléfono mientras conduces es muy probable que tengas un accidente, y no cabe culpar a la señalización de la ruta o al fabricante del coche. Por eso, entre otras cosas, te multan si lo haces: se llama conducción negligente. Los empleados que manejan maquinaria sensible se rigen por protocolos de seguridad que exigen máxima concentración bajo falta grave. Y sí, existe tecnología capaz de prever y anticipar relativamente ciertos errores humanos, pero su disponibilidad depende de muchos factores, entre los que el presupuesto, el coste y la oportunidad no resultan en absoluto desdeñables.
En esa línea maldita, justo en esa, no existían los estándares máximos. Por eso el maquinista sabía que tenía que frenar en la curva de Angrois. (En la misma lógica cabría preguntarse por qué estaba allí esa curva, y no una recta). Lo consignaba su hoja de ruta, lo advertían las señales de la vía y el sentido común, y lo anotaba su propia experiencia contrastada. No lo hizo. Pero el magistrado Aláez cree que, además de su evidente y confesa culpa, hay otra remota que consiste en la ausencia de un mecanismo infalible que descuente y prevea las distracciones del piloto. Y aunque no sabe exactamente de quién es esa responsabilidad abstracta, solicita el detalle de la cadena de decisiones que hacen que un tren sea precisamente un tren y no otro. Un tren limitado y no un tren perfecto. Un tren tan inadecuado que se estrella si lo empotras en una curva al doble de la velocidad permitida. Un tren tan viejo, tan inaceptable, que no puede aviárselas sin conductor.

NO hace tanto tiempo, durante las conversaciones informales en el Parlamento, los diputados confesaban temor a que llegara un momento en el que no pudieran acudir a una tienda o a un restaurante sin ser molestados. La política ya era un oficio sin prestigio social, ajeno al brillo fundacional de los personajes de la Transición, y los que lo ejercían se iban resignando a una pérdida de espacio vital perfectamente anticipada por la sensación de asedio que imponían las vallas policiales alrededor del Congreso. Las vallas trazaban la frontera al otro lado de la cual regía la inminencia de la revancha. O, al menos, ésa era la creencia que infundía el miedo.
Los indicios no anunciaban desapego, sino rabia, una pulsión feroz que volteaba los desencantos en que estuvieron basados los movimientos pendulares de la alternancia. La extrema izquierda parlamentaria y muchos comentaristas de prensa, más o menos inflamados por un sesentayochismo redentor con el que se veían fotogénicos, azuzaron el nihilismo con una idea volátil. La culpa de la crisis debía concentrarse en los políticos profesionales. El resto de la sociedad no sólo era inocente, sino que a cualquier masa popular, por el solo hecho de serlo, se le concedería por sistema una suposición de superioridad moral. La debilidad de los políticos consistió en aceptar esto. Algunos intentaron hacerse indultar mediante el populismo y el intento contradictorio de formar parte al mismo tiempo de los dos lados de la valla. Otros, simplemente, se escondieron, dejando desguarnecida la defensa institucional. El colapso afectó a todo, desde la Corona hasta los diputados de base que eran pasados por la quilla en las redes sociales. Inmediatamente después, la palabra escrache fue implantada en nuestro vocabulario cotidiano.
Ahora nadie convoca para un asalto final del Parlamento, como al inicio de la legislatura, cuando el triunfo de un partido de derecha abolió las pocas contenciones que pudieran quedar. Cuando la mayoría absoluta sugirió a la izquierda dura intentar apropiarse de soluciones extra-parlamentarias que habían surgido al margen de las siglas. Sin embargo, el accidente de Cifuentes revela que esa masa a la que se concedió infalibilidad ya ha llevado su odio a unos extremos de crueldad y deshumanización del político que se parecen a aquellos en los que el terrorismo se vuelve tolerable. Habría que evocar las más oscuras sentinas batasunas de los años de plomo para encontrar otro ambiente en el que una muerte, o la posibilidad de una muerte, fuera motivo de semejante festejo. Que incluso los empleados del hospital donde está ingresada Cifuentes se manifiesten en términos parecidos demuestra hasta qué punto el rencor ideológico ha banalizado la desgracia ajena. Nunca, ni con psicópatas, ni con etarras, fue posible ver que un hospital expresara así rechazo a un paciente con la salud comprometida. Nunca antes, además de sus lesiones, se diagnosticó la militancia política del herido como algo que concierne a sus cuidadores. Es un espectáculo ignominioso que retrata cierta degradación colectiva que será difícil de reparar, y de la que en buena parte son cómplices todo aquellos que atisbaron en el odio una oportunidad de hacer política por otros medios. Lo peor es que en ninguna parte se intuye la existencia de una nueva energía institucional que sea capaz de contrarrestar esta inercia destructiva que se potencia a sí misma con el salvoconducto de la izquierda.